Desde la década de los treinta del siglo pasado, existe una geopolítica expansionista que la oligarquía chilena ha venido ejercitando casi continuamente; se trata de lo que, en su oportunidad, aportaran Harms Espejo y otros hasta Pinochet.
Entre estas tácticas está la penetración de la economía boliviana a través de comerciantes y otros vinculados a intereses logieros y, por tanto amparados por ellos; su objetivo: contribuir al dominio de los recursos naturales de nuestra patria y, si es posible, a su fractura y división. Por ello, no es nada alocado pensar que en el movimiento separatista impulsado por cierta embajada, hayan participado también quienes controlan el 45% de la inversión en Santa Cruz y el 60% del comercio, según estadísticas publicadas a principios de los 2000. Como ese intento fracasó, la vía armada era la otra opción y, para provocarla, no es nada difícil tomar unos compatriotas y acusarlos de cualquier cosa, desde pasar la frontera hasta atentar en contra de Piñera.
Lo que ha sucedido con los conscriptos bolivianos que colaboran en la lucha contra el contrabando se inscribe en ese intento fallido porque la justicia chilena no ha podido demostrar que haya habido invasión de territorio y los datos que aportaban los carabineros han sido por demás contradictorios y hasta improvisados. Total: operación postergada.
Esta es la realidad y no basta que nuestras autoridades tomen medidas eventuales sino que se vaya a desmontar toda esa estrategia de "continentalización" que se mantiene desde hace casi un siglo atrás por quienes manejan la oligarquía chilena, no en beneficio de sus habitantes sino de los intereses transnacionales y la mejor comprobación es que el gobierno de La Moneda nunca ha solucionado algún problema estructural de su pueblo sino que se ha limitado a taparlo hasta en forma burda, como sucedió con Pinochet que, para cubrir las chabolas de pobres, puso letreros con lemas o propaganda para que la gente no viera la realidad del pueblo en general.
Un fracaso más; ¿pero será el último?
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