Estamos plenamente de acuerdo en la vigencia de la libertad de expresión, sea como consecuencia de tratados internacionales o soberanía; pero la decisión del Tribunal Constitucional al respecto ha sembrado más dudas que certezas porque, en primer lugar, el referente de la sentencia no hace uso de un lenguaje adecuado pues afirma que el desacato ha sido "expulsado" del Código Penal, en una curiosa situación que tendría que explicar pues no es atribución de esa instancia "expulsar" o "eliminar" determinados artículos sino, simplemente, declararlos, verbigracia, inaplicables en determinadas situaciones. Si un miembro de ese alto tribunal no sabe justificar sus fallos deja muchas incertidumbres y, peor todavía, cuando trata de aplicar convenios internacionales sobre una disposición soberana, como es la de respetar el derecho a la expresión cuando no cae en la calumnia o la difamación e insulto, como varias veces ha sucedido especialmente con aquellas personas que por ser militantes de la politiquería o el sindicalismo se atribuyen fueros ilegales e inexistentes.
Lo reiteramos, estamos a favor de la libertad de expresión; pero quienes más daño le hacen son los que confunden esa libertad con la vulgaridad, el libertinaje y la pésima utilización del lenguaje oficial o nativo.
Y es ésto lo lamentable, si el Tribunal Constitucional se va a dejar influenciar por la "moda" o los dimes y diretes, estamos servidos pues lo que se pone en riesgo no es la libertad de expresión sino la institucionalidad.
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