POLITIQUERÍA Y DELITO

Infelizmente, la politiquería sigue extendiéndose no sólo a los sindicatos, los movimientos sociales o los partidos sino también a la gente común.
Aunque en este momento ya no es posible llamar salvajes a los habitantes del Parque Isiboro Sécure, en su acepción original, porque hace tiempo han dejado de ser tales y ahora hasta hay algunos de sus miembros como citadinos o, incluso, una como alcaldesa de un distrito de la ciudad de Santa Cruz; no hay duda que varias de las acciones de sus dirigentes o habitantes se pueden calificar como salvajadas; como el hecho de amenazar con purgantes, lanzas, alambres de púas o violaciones a quienes ingresen en esos territorios para la consulta sobre la carretera Cochabamba-Beni y, lógico, los defensores de los derechos, de la democracia o de los "indígenas" que tienen su salario en esas hipocresías, no dicen nada.
Pero también, en otros ámbitos, el delito común o el público se está convirtiendo en una táctica de supuestas reivindicaciones o reclamos a cual más peregrinos. Ahí está el ejemplo del secuestro de una diputada nacional, por los dirigentes de una comunidad que exigen obras a su gobierno comunal y, dizque, no son escuchados; está también el caso de una médico y sus enfermeras que tuvieron que huir de una aldea del TIPNIS porque las amenazaron de violación o los frecuentes bloqueos de caminos, calles o avenidas por los más baladíes motivos y por sujetos que, en cierto modo, no tienen representación legal ni formal porque las mismas instituciones que manejan se han distorsionado. Es el caso de los supuestos chóferes y cuyo "sindicato", si lo es, corresponde más bien a la definición que se da a las mafias o grupos de especuladores o conspiradores en otras latitudes; pero que no pueden ser ya sindicatos, en su acepción cabal, porque han dejado de representar los derechos gremiales de los trabajadores y defienden sólo a unos cuantos explotadores que tienen decenas de movilidades en el transporte público y privado.
También la invasión de propiedad pública y privada, penada por el Código Penal, es frecuente por una variedad de caprichos y exigencias de personas que quieren consolidar su "liderazgo" u optan por él desbancando a otro. Y no se crea que hasta en las presentaciones supuestamente jurídicas está ausente esta nueva modalidad de coerción; no, si se leen algunas resoluciones municipales o de las gobernaciones, para defender o defenestrar a sus miembros, es toda una colección de anécdotas, para llamar de algún modo, esta predisposición al delito común.
Y tampoco se crea que esas autoridades hacen algo por enmendar las cosas; no, claro que no, se apoyan más bien en ellas por muy evidentes que resulten las faltas, los delitos o las incongruencias.
Y mientras sigamos confundiendo la comisión de delitos con formas de reclamo o reivindicación; estamos perdidos.