En Bolivia, y anualmente ahora, se cumple una suerte de rito y recaudación que nada tiene que ver con la seguridad de las personas o los motorizados. Se trata de la "inspección técnica vehicular" que hasta hace unos años estaba a cargo simplemente de policías; pero ante los reclamos, se extendió a talleres mecánicos con el mismo resultado: No sirve para nada.
En cuanto a los supuestos objetivos, se entiende, porque de servir, sirve a quienes se benefician de los dineros recaudados a la fuerza y antes llegaba, incluso, a las federaciones de choferes que tenían hasta su propia oficina en las correspondientes de la Unidad Operativa de Tránsito, además de beneficiarse con el descuento respectivo en la roseta y un trato discriminatorio en la inspección misma porque quienes acuden a ella son los giles que tienen movilidad particular pero son pocos los del "transporte público" porque lo que generalmente hacían los dirigentes era pedir cierta cantidad en cientos o miles para repartir entre sus movilidades pues hay "dirigentes" que tienen decenas que usan como herramientas de explotación de sus propios colegas.
Lo que se hace in situ es revisar ciertas lucecitas, saber si el conductor ha comprado un extintor y un triángulo luminoso, así como recibir el comprobante del pago ante sucursal bancaria; por mucho que algunos extintores, estuches de primeros auxilios o triángulos sufran un permanente circuito de exhibición y de acuerdo al humor del "mecánico" y del "policía", se extiende la respectiva roseta y asunto concluido. Hace apenas unos días una vagoneta que se usa para hacer transporte interprovincial o interdepartamental, sufrió un penoso accidente atribuible, según los primeros indicios, a fallas mecánicas. Que tenía su respectiva roseta de inspección, no es sorpresa ni paradoja porque no garantiza nada.
En la ciudad de La paz se ha anunciado que este trabajo pasará a la jurisdicción del gobierno comunal desde este año; aunque la intención sea buena los resultados si no son iguales los serán más conflictivos porque los "federados" con seguridad reclamarán por este otro acto de "prepotencia y abuso".
Paralelamente se vende en las calles el denominado SOAT o seguro obligatorio de accidentes de tránsito, a cargo de varias aseguradoras que si bien provee atención a las víctimas pues muchos culpables o huyen o no asumen los gastos, tampoco hace nada para que los vehículos asegurados demuestren un mantenimiento regular o buenas condiciones.
Como se puede ver se trata simplemente de recaudación de dineros que no sabemos si están controlados por alguna institución pública o privada o dependen del arbitrio de quienes se encargan de su recolección.
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