ESTADO DE DERECHO

No es la primera vez y seguro que tampoco será la última; pero los autodenominados "choferes" hacen lo que les viene en gana sin que haya autoridad que detenga su prepotencia. En realidad, se han acostumbrado a vivir al margen de la ley y, tanto, que a cierto tirano le pidieron la medida de sus pantalones porque, según ellos, hay que gobernar a palos. Claro que no contra ellos.
El tema viene de lejos; de cuando se constituyó en gremio o sindicato la venalidad del partido gobernante. Cuando las "banderas de abril" flameaban con violencia; varios motorizados de las empresas públicas, como la naciente COMIBOL o YPFB, fueron a dar a las manos de los conmilitones del partido, dados de baja, aunque casi fueran nuevos o lo fueran realmente y con esas "herramientas de trabajo" se abrió un otro portal no sólo al clientelismo partidista sino a la corrupción pues desde entonces se beneficiaron de subvenciones, exenciones, rebajas tributarias, beneficios en razón del cargo y crearon una logia o una mafia que pervive independientemente que tengamos gobiernos constitucionales o anticonstitucionales.
La dirección del sector es una verdadera mina de oro y diamantes y está bien controlada por nuevos ricos que ni aparecen como tales ni pagan impuestos ni están dentro del estado de derecho. Y precisamente este último factor es el que más nos interesa ya que es el más vulnerado; no hay día en que los "choferes" no usen de la violencia contra la gente y el gobiernoo; sea subiendo las tarifas, destruyendo calles o carreteras, contrabandeando hidrocarburos u otras mercaderías, beneficiándose de exenciones o privilegios ilegales o contaminando con mayor corrupción las burocracias municipales, departamentales o nacionales.
Lo malo es que la prepotencia y la impunidad son contagiosas y quieren hacer lo mismo no sólo los que tienen derecho a reivindicar algo sino también los sectarios, los que quieren manejar su sector con los mismos privilegios que los explotadores del transporte. Por eso es que amenazan con bloqueos los campesinos que no se ponen de acuerdo sobre sus organizaciones sindicales, los que cierran emprendimientos necesarios para la basura o el abastecimiento de servicios o los que lo único que buscan es joder.
Esta forma de atentar contra el estado de derecho tiene décadas de existencia y uso y se funda en el sectarismo, la venalidad y la prepotencia; sean los ocupantes del Palacio Quemado, civiles, militares, analfabetos o intelectuales porque la politiquería obliga a negociar el propio estado de derecho y los explotadores del transporte han aprendido cómo hacerlo.