Cuando los profesionales egresan de sus carreras, tramitan su título en provisión nacional que los habilita para el ejercicio; pero de un tiempo a esta parte se hizo obligatorio que los colegios respectivos dieran su visto bueno, por medio de un pago, para que ese ejercicio fuera "legal".
Ahora que se está analizando en el parlamento le ley de la abogacía, han surgido, cómo no, varias oposiciones que no tienen razón de ser porque quien debe autorizar el ejercicio de una profesión es la universidad formadora, bajo el amparo de las instancias gubernamentales pertinentes. Eso es lo lógico; pero como todo se hace por negocio, los "colegios" se han dedicado muchas veces a la simple administración, fraudulenta o no, de las recaudaciones que hacían entre los profesionales noveles pero sin apenas actividad académica que permita la actualización y la complementación de la formación de sus miembros; es más, en los últimos tiempos se convirtieron en bastiones del partidismo sectario pues las elecciones se las arreglaban al estilo de la politiquería y la democracia de mercado y, por lo tanto, se subalternizaron sus intereses a los del partido eventual en la dirección.
Si bien es aconsejable que los colegios salgan por los fueros de la defensa de sus asociados y eviten los abusos que pudieran producirse; es también condenable la miopía o completa ceguera con que muchos de esos organismos han ocultado la pésima actuación de algunos o la mala fe de otros. Muy difícilmente se reunen sus tribunales de ética y esporádicamente hay algún fallo que hace justicia; los demás se pierden en agua de borrajas.
Pero, además, ninguna ley que regule el ejercicio profesional puede evitar la existencia de los colegios respectivos si éstos actúan como tales y no como sindicatos; peor todavía al estilo de los de Chicago.
Lo "normal" en el asunto que comentamos es la presencia del leguleyismo de los abogados que, más que prestigiarlos, hace tiempo que los descalifica.
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