¿AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

Aunque es legal y hasta parece inteligente, no compartimos la decisión del Primer Mandatario de llevar a consulta al Tribunal Constitucional el proyecto de ley de extinción de dominio, porque esta instancia ha dejado demasiadas dudas en su anterior actuación donde, no sabemos cómo ni por qué, fallo "expulsar", "eliminar", la figura de desacato del Código Penal, que no figura en el Art. 202 de la CPE de sus atribuciones; con grandes aspavientos de leguleyos y politiqueros.
Por lo demás, la Constitución en vigencia es un enmarañado tan grande que es fácil extraviarse y, peor todavía, cuando algunos miembros de ese tribunal están desesperados de protagonismo y optan por la declaración pública para hacerlo, sin tomar en cuenta sus responsabilidades y la mesura necesaria en todas sus actuaciones.
Lo que tampoco hay que olvidar es que  la "ley de leyes" tiene un fuerte acento y tendencia neoliberal, introducido de contrabando por algunas ONGs, que puede ser caldo de cultivo para mantener la corrupción como uno de los pilares de la dependencia, junto a la impunidad, impuestas, a su vez, por medio de la "revolución nacional" que hizo de contrabandistas y aduaneros compañeros inseparables y ligados al clientelismo partidista y sectario.
Si se tratara de hacer alguna consulta racional al Tribunal Constitucional y suponiendo que fuera idóneo para responder, habría que consultarle sobre el sistema tributario actual que no sólo es injusto sino arbitrario son tantas medidas secundarias que introdujeron lo que se conoce como el "régimen simplificado", verbigracia, y donde se esconden grandes evasores y delincuentes, curiosamente, protegidos por sus propios explotados: los marginados, los desempleados, los necesitados; en una figura típica del economicismo y el liberalismo explotador.
Lo que los "grandes" no quieren hacer y que aquí se intenta, es decir, eliminar los beneficios del dinero mal habido, puede quedar en nada por una pésima actuación o por atraer simple y vulgar protagonismo.