DAÑOS Y PERJUICIOS

El retiro de la Jindall de la explotación del yacimiento minero del Mutún pone al descubierto, una vez más, que algunas empresas utilizan los sueños y las aspiraciones de las naciones "subdesarrolladas" para sus propósitos inmorales o inconfesables.
Por lo tanto, ¿quién debe pagar y a quién por daños y perjuicios? ¿El Estado boliviano a la empresa india o ella al gobierno nacional? Porque los que casi siempre salen perjudicados son los "peces chicos" de la economía mundial, aquellos que no cotizan ni intervienen en la bolsa; mientras los "grandes" no sólo que suelen mejorar su posición en los mercados, posicionamiento le llaman ellos, sino que pueden atraer otros inversionistas.
No es primera vez y seguramente no será la última que una empresa hace toda clase de ofrecimientos y promesas para adjudicarse una gran obra y, al final, salga como víctima después de haber frustrado un sueño y de haberse embolsado varios millones en la faltriquera. Hasta hemos copiado el modelo cuando ofrecemos viviendas "sociales" y las empresas adjudicatarias incluyen en sus presupuestos materiales de primera y mano de obra especializada pero, al final, todo resulta una estafa porque los materiales ni siquiera son de quinta y el personal que se usa es de improvisados a los que se paga poco. No es pues algo nuevo que los "inversionistas" se vayan ofendidos pero con los bolsillos recuperados.
También ha sucedido, como ya lo dijimos varias veces, en el Brasil donde la política de "atracción de inversiones" consiguió captar algo así como 36 millones, de los de antes, y cuando los brasileños se dieron cuenta del daño que les estaban provocando y les pidieron que se fueran, se llevaron todo ofendidos y con promesas de venganza más de 650 millones, también de los de antes.
En la eventualidad, por consiguiente, habría que demandar por estafa a los que nos prometieron el cielo y la tierra con los yacimientos de hierro y ahora se van porque, supuestamente, el gobierno no cumplió con algunos requisitos. Hay que hacer una investigación seria al respecto para sentar, de una vez por todas, precedente en defensa del derecho de los pueblos a intentar el crecimiento, por mucho que los inversionistas y las transnacionales, no sean las empresas más indicadas para optar por ellas en el burdo y materialista mundo del vil metal.
Los organismos de integración y hasta la propia OEA, con todas sus falencias, deficiencias y frustraciones, debieran intervenir en el asunto en defensa del derecho de los pueblos, a sus recursos naturales, al crecimiento y a su soberanía e independencia.