Cuando apenas alboreaba la "gloriosa revolución nacional" del 52, había un ciudadano judío que tenía una de las pocas casas estilo suizo que había en La Paz y a la que el capo máximo- del "control político" le echó el ojo; para apoderarse de ella nada más sencillo: mandó apresar al pobre que, luego de estar en la cárcel, consintió en "transferir" no sólo su casa sino también su auto, también uno de los pocos de lujo que había, al "negro". Cuando el régimen cayó, los universitarios confiscaron el inmueble y lo convirtieron en una repartición más de la UMSA; pero cuando el "libertador económico" volvió a la silla presidencial por imposición de la Embajada, el agradecido jefe monolítico del MNR, mandó a que el Legislativo aprobara una partida para indemnizar a su ex brazo derecho con un monto cercano al medio millón de dólares por la pérdida de "su casa".
Hoy, un sujeto que se dice político e industrial y que se benefició con la transferencia de bienes e inmuebles a precio de "gallina muerta", cuando la "privatización", exige que se le pague por el retorno de esos bienes al patrimonio departamental y cotiza "su propiedad" en varias decenas de millones de dólares. La "justicia" así ha procedido y hay algunos que celebran el fallo que, en este caso, no debe tratarse de una sentencia de autoridad competente sino de un error, como comúnmente se confunde hasta por los propios españoles.
En conclusión, es esta la "seguridad jurídica" que muchas empresas transnacionales exigen a nuestros gobiernos y hasta cuentan con la estulticia de gente que les hace coro.
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