DEFENSOR DEL PUEBLO

La institución de la defensoría del pueblo, que fue un acierto en determinado momento, empieza a languidecer. Si bien hay que reconocerle los méritos que tuvo en manos de ciertas personas y determinadas circunstancias, Hoy ya no se puede decir lo mismo porque los desaciertos, más que los aciertos, ensombrecen el papel que de fijó en defensa del pueblo y sus derechos.
Veamos unos ejemplos: En el caso de los militares sublevados y amotinados, por mucha voluntad que tenga uno de excusar actitudes, el Defensor del Pueblo ha convocado al diálogo y la concertación, dentro de una institución de disciplina vertical y en contra de las leyes generales y específicas que se podían recurrir. En Cochabamba, cuando unos pocos universitarios decidieron ejercer la violencia no únicamente en contra de sus autoridades sino del pueblo en general, el representante del defensor del pueblo, convoca al diálogo y la solución de los problemas sin considerar para nada la vulneración de los derechos del ciudadano común, al trabajo, a la circulación y la seguridad.
Lo que están olvidando las personas es defender el bien común, la colectividad y no hacer prevalecer los derechos de las minorías o unos cuantos cuando se contraponen al bien común, al sentido común, a las leyes en general.
¿No es acaso un acto delictivo el secuestro y, peor todavía, de una autoridad? ¿No es un acto de violencia cerrar las puerta de la Universidad a trabajadores, estudiantes y docentes? Pues eso es lo que ha sucedido en Cochabamba sin darle vueltas al asunto.
Por lo demás, ¿los defensores son eso o simples intermediarios o conciliadores? Y dejémonos del sofisma del diálogo que no hay tal si las posiciones van en contra de la ley, de la comunidad, del sentido común. La ley es para respetarla por muy cuestionada que sea, incluso, para los defensores que están equivocando su papel.
Pero equivocar ese papel puede traducirse en discriminación; porque si determinada minoría incluso abiertamente en oposición de las disposiciones vigentes, quiere obtener privilegios o concesiones en contra de los más, del bien común, es un acto no sólo de discriminación sino de violencia.
El defensor del pueblo debe ser eso: defenderlo, tanto de las autoridades arbitrarias como de las minorías subversivas.