El título es el sistema que EEUU ha usado en la América Latina para sojuzgar nuestros pueblos y controlar sus gobiernos; no podemos olvidar al respecto que el mismo se instaló en Bolivia paralelamente a la "revolución nacional" de 1952 cuando el llamado "libertador económico" se hizo cargo del Palacio Quemado, sin haber participado en la refriega que tuvo sus vaivenes y donde se sospecha también de un amaño cuando los militares reaccionaban y circularon misteriosos maletines.
En todo caso, desde entonces se institucionalizó la corrupción, aunque sea una contradicción el admitirlo, porque no únicamente que entre los gobernantes se distribuyeron "préstamos de honor" que nadie sabe quién devolvió, si es que alguno hubo, sino que la administración del Estado se llenó de negociados a cual más diversos; desde las famosas latas de manteca que nunca existieron hasta la palas cerealeras que se compraron para las minas y su explotación. Claro que, como el poder judicial se hizo parte del sistema, nunca cumplió sus funciones y si alguna vez lo hizo fue simplemente gracias a esas excepciones que justifican la regla y entre los que hay unos pocos que reconocer y ponderar.
Por eso es que se hizo también costumbre aprobar dentro del presupuesto general, una partida importante de "gastos reservados" y cuyo destino, como dice actualmente un ex General de las FFAA, era "secreto", aunque todos sabían a qué estaban destinados y no era, precisamente, para los organismos de inteligencia o seguridad sino para comprar dirigentes sindicales o financiar los caprichos de algunos que se mostraban díscolos con el oficialismo; en medio hay toda una variedad de formas de corrupción, desde el propio enriquecimiento, el envío de divisas al exterior para una eventual fuga o exilio, hasta la mantención de amantes y algún "cuartito azul" destinado a los bacanales.
Se puede pues decir que todo estaba "dentro de la ley" pero lógicamente fuera de la moral y de la ética, por lo que la investigación que ahora se hace de esos dineros que ya se eliminaron del presupuesto, tiene que tropezar con el leguleyismo de abogados y defendidos que, en cierto modo, pueden decir que todo era legal; pero que es imposible que digan que fue moral.
Y si de levantar la moral y la ética como escudos, se trata, no es nada convincente porque, por encima de lo reservados y secretos que eran esos gastos y dineros, todo el pueblo sabe por qué se aprobaban y quienes eran sus beneficiarios y a qué estaban destinados, es decir, a mantener el sistema de dependencia-corrupción e impunidad que no sólo ha dado resultados al sur del río Bravo sino también en el mundo entero, incluso, fuera o dentro de lo que se conocía como la "cortina de hierro".
Si hiciésemos un inventario de todo nuestro acontecer en las últimas 6 décadas, nos encontraríamos con asuntos verdaderamente escandalosos que se generaron por la dependencia que muchos gobernantes aceptaron voluntariamente o por las circunstancias.
Que se haga los esfuerzos pertinentes para revelar toda esa sórdida trama de la dependencia, es ya una hazaña que revela hasta qué punto los bolivianos queremos deshacernos de todo paternalismo siniestro que nos encadenó al subdesarrollo y los problemas crónicos.
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