Aunque a destiempo, se está iniciando el período de lluvias en el país que se espera resuelva varios problemas como la provisión de agua potable, de riego y la vulnerabilidad de algunos lagos. Pero lo que no estaba en el calendario era la tormenta preelectoral que sufrimos anticipadamente y que se traduce en exigencias de los explotadores del transporte público que piden, indirectamente, más de sus representantes en los concejos, en las asambleas departamentales y en el Legislativo.
Porque, a juzgar por la diatriba de uno de sus dirigentes, el problema no es ni de lejos cuestión de precios o tarifas sino la envidia que sienten los dirigentes explotadores por dietas, aguinaldos y otros beneficios que ellos también los tienen y en mayor abundancia, pues no hay que olvidar que no pagan impuestos como cualquier ciudadano común sino discriminatoriamente, lo mismo que en el pago de rosetas, de seguros, de multas donde, incluso, participaban si no siguen haciéndolo, en porcentajes que se dividían con la policía; además que son los directos beneficiarios de la subvención a los carburantes y que no excusan siquiera con la prestación de servicios con unidades pésimamente mantenidas, viejas, obsoletas y con una conducta de los conductores sujeta a la peor demostración de educación.
Lo que hay que reiterar es que la politiquería nos está ganando ya que nos ha puestos entre el fuego cruzado de quienes tienen actualmente el control de la administración comunal, departamental o nacional y de los que aspiran a hacerse de esos cargos para seguir con el sistema de usufructo y beneficio que se arrastra por décadas tanto en gobiernos de democracia de mercado como en tiranías militares como cuando a García Mesa, le pidieron la medida de sus pantalones para permanecer en el abuso de la ciudadanía en general.
Si hacemos un análisis de la situación; en primer lugar, hay omisión de parte de quienes debieran regular los servicios públicos; en segundo lugar, abuso y prepotencia de quienes aparecen como choferes sindicalizados y no son más que explotadores de sus propios compañeros y de las necesidades del ciudadano común; en tercer lugar, hay un olvido ominoso del bien común, en unos como en otros, y lo que se pone en riesgo no es la estabilidad de precios o tarifas sino de la democracia y el estado de derecho que desconocen los "choferes" por acción y las autoridades por omisión.
Si este va a ser al ambiente en que se desarrolle la campaña electoral estamos servidos y nada raro que muchos optemos por el exilio voluntario de ese panorama para no asistir ni a las urnas ni la farsa de la democracia que, como estamos viendo, empieza a disputarse en el sectarismo del mercado neoliberal.
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