Es, cuando menos, curiosa la actitud de cierto fiscal que cita a dos periodistas a declarar sobre una denuncia pública relacionada con el narcotráfico. Y lo es no sólo porque, de acuerdo a la tradición, en Bolivia es peligroso ser denunciante porque la administración de la justicia casi siempre anduvo al revés sino porque la denuncia sí se hizo y por eso es que el propio fiscal la conoce.
Por lo demás es también sugerente porque, al parecer, trata más bien de amedrentar a los denunciantes que dar curso a la información pública que, incluso, reiteraron varias veces las autoridades universitarias, con lo que no sabemos si situar al personaje como a favor o en contra del delito o en esa militancia actual de interpretar las leyes a capricho.
Esta es la triste realidad en Bolivia; muchas personas tienen miedo de denunciar delitos que se cometen a la luz del día, no sólo con atracos, robos o asesinatos sino con el negociado en los contratos públicos y privados porque, generalmente, hay ensañamiento con el denunciante y no con el delincuente que, lo estamos viendo, tiene las puertas de las cárceles abiertas, no para entrar sino para salir gracias a la negligencia o complicidad de los propios miembros de la defensa institucional de la seguridad civil según las leyes.
Claro que también todo se puede achacar a la improvisación con que se suele hacer algunos nombramientos o la forma cómo algunos de ellos utilizan la función pública para hacer lo contrario a la defensa del bien común y las leyes correspondientes. Por algo ya no sorprenden los llamados "volteos".
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