Sin apenas darnos cuenta, hemos pasado de la reivindicación al delito. No otra cosa significa que hayan grupos que se atribuyan la soberanía del pueblo (sedición) o que cierren las válvulas del abastecimiento de agua potable a la ciudad (sabotaje) como viene ocurriendo en estos últimos días. Las especificaciones son claras en el Código Penal pero, al parecer, no hay quién las haga cumplir porque fiscales, jueces y autoridades prefieren salir por peteneras y buscar el "diálogo" o el "consenso", cuando no se puede transigir en aspectos que corresponden a la economía jurídica vigente.
Y es que, aviesamente y desde hace tiempo, se ha hecho especial hincapié en los derechos, pero olvidando intencionalmente que no hay estado de derecho sin el cumplimiento de obligaciones que también están contempladas en la Constitución o los tratados o acuerdos internacionales. De esta manera el neoliberalismo ha entrado a todo galope con jinetes izquierdistas beneficiarios de los fondos, sueldos y demás dineros de las ONGs y lo que se ha sembrado se tiene que cosechar. Pero aquí la pregunta es lógica¿Para beneficio de quién?
Porque del pueblo, de la democracia, del sentido común o del bien público, es clarísimo que no lo es. Entonces, sólo queda, una vez más, que muchas veces los dirigentes no saben para quién trabajan o se confunden derechos con servilismo para beneficio de terceros; triste consuelo decir que no es primera vez que sucede; pero, por lo menos, habrá que advertirlo para no seguir en el círculo vicioso de apariencias de democracia y tiranías cínicas o encubiertas. Que no sea que la única ley que se imponga desde ahora sea la del absurdo, de la estulticia o el servilismo.
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