¿PROTESTA O SABOTAJE?

Estamos empezando a confundir lo que es una protesta, una reivindicación, con un acto de puro sabotaje; porque cuando se confunden los derechos o se mezclan los intereses, no siempre los resultados que se persiguen son los mismos del bien común, de la colectividad y se da curso al sectarismo y, lo que es peor, a la distorsión.
Luchar por la identidad cultural está bien y es hasta aconsejable; pero de ahí a oponerse el bien común, como puede ser la construcción de una carretera o la explotación o transporte de recursos no renovables es sabotaje sin más; lo mismo pasa cuando, confundiendo derechos, se trata de reclamar propiedad sobre recursos estatales como el agua, el petróleo, los minerales que, constitucionalmente y desde 1967, pertenecen al Estado.
Lo peor de este ambiente de franca confusión es que hay instituciones y personas que, en lugar de aclarar las cosas, ayudan en la confusión y le hacen un flaco favor a lo mismo que postulan; es el caso de algunas organizaciones no gubernamentales que, por mantener sus salarios, meten las de andar y la cuchara por doquier sin tener en cuenta que, voluntaria o involuntariamente, están contribuyendo a la profundización del neoliberalismo en el país.
Lo que pasa es que hemos perdido la concepción del estado de derecho y creemos que reclamar los estipulados en la ley o la legislación internacional no implica la correspondiente obediencia a ciertos deberes y en este aspecto hay que volver a las ONGs, porque la mayor parte de ellas son culpables de esta distorsión de la democracia, de la legalidad, de la institucionalidad y, por qué no decirlo, de la usurpación e impostura.
Mientras no aclaremos perfectamente hasta dónde se puede llevar una protesta, una reivindicación y desde dónde empieza el sabotaje, estaremos dentro de un círculo vicioso de aninstitucionalidad y anarquía que puede resultar una bomba de tiempo para el propio estado de derecho y la democracia.
Nadie puede reclamar derechos que pasan por sobre los de otros, como nadie puede atribuirse la soberanía del pueblo sin incurrir en graves violaciones que están, incluso, determinadas por el Código Penal o Civil, aunque no haya nadie que aplique esas disposiciones pues la justicia en este país es una sombra o un fantasma que huye de la realidad, de la claridad.