El proyecto que se ha presentado al legislativo sobre la propiedad urbana, tiene sus peligros; no porque intente acabar con la especulación urbana que sí existe y es cada vez más visible, sino porque pone en riesgo las áreas verdes y que, muchas veces, son vitales para las poblaciones ya asentadas y cuya hipertrofia puede conducir a extremos aún no previstos.
Es el caso del Parque Tunari en cuyos predios ya existen asentamientos ilegales y que ya han condicionado algunas consecuencias negativas como la merma de los recursos hídricos que abastecían las fuentes del agua potable para la ciudad y que, incluso, puede hacer del Proyecto Misicuni algo que ya los campesinos preveían y consideraban que debía llamarse "asicuni".
Nunca la demagogia ha servido al desarrollo de los pueblos y, en lugar de darle curso ahora, sería mejor que el gobierno empiece a pensar seriamente en la necesidad de volver al campo, de parar drásticamente la hipertrofia de las grandes ciudades y que no tienen perspectiva seria de crecimiento porque se encuentran prisioneras de la economía informal, ligada al contrabando, la piratería y el lavado de dinero. En lugar de legalizar lo ilegal y peligroso, sería mejor dotarles de viviendas a quienes las necesiten realmente y tierras gratis en la proyección de nuevas ciudades que cumplan el requisito importante de ocupar el territorio nacional y que tantas frustraciones y pérdidas nos ha traído por no hacerlo, como la guerra del Pacífico, el Acre o el Chaco.
Por lo demás ningún derecho puede estar por encima del bien común o del derecho del prójimo. Hay que alertar de estos riesgos a tiempo porque se trata de defender la institucionalidad.
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