Se está haciendo una costumbre que el sectarismo y la demagogia perjudiquen a todos y sigan campantes. Ha sucedido con los explotadores del transporte y está sucediendo con los mal llamados "gremialistas" que, oponiéndose a la ley, no han tenido el menor empacho en perjudicar a todos marchando y bloqueando las calles porque se les exige cumplir un reglamento que evite el acaparamiento de sitios, la especulación y el poder sectario.
Habría que decir que es hora que las autoridades cumplan su función y defiendan a la ciudadanía productora, a la que debe asistir a un trabajo honrado y tiene que cumplir un horario; ya no podemos seguir en manos de irresponsables que, acostumbrados al partidismo, han hecho del sindicato una distorsión a ojos vista de todos y hacen lo que les viene en gana. Viejos conocidos como vivos que se colaron en juntas vecinales, en otros sindicatos y partidos ya extintos, pretenden hacer todavía sus caprichos y todo aquello que ha conducido a la crisis económica y social que los bolivianos honestos quieren terminar.
Las autoridades debieran, en acatamiento del Código Penal, enjuiciar a los pésimos dirigentes "sindicales" que perjudican el bien común, se oponen a la ley y, por tanto, se hacen subversivos y sujetos a penas que el mismo código especifica bien. No puede ser que la demagogia, la antinación, el sectarismo, se impongan sobre la colectividad perjudicando el Estado que no sólo es el gobierno sino todos quienes vivimos y queremos trabajar en toda la extensión del territorio patrio, sujetos a la ley y las buenas costumbres.
No hacer nada, como se ha hecho en el pasado, es permitir que en Bolivia subsistan prácticas que han hecho que sigamos en el subdesarrollo y una crisis permanente y crónica. Los "dirigentes" deben empezar a considerar también las responsabilidades y los deberes que tienen para ser dignos ciudadanos y no subvertores y saboteadores de la economía nacional.
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