La actitud de los concejales, ante las arbitrarias peticiones de los comerciantes de contrabando, piratería y otros artículos en nuestros mercados públicos pero manipulados y manejados por unas pocas personas; no sólo es indignante sino ominosa.
Porque está visto que no responden ni al bien común ni al sentido común; apenas unos gritos y se murieron de miedo para hacer lo que hicieron: Un atentado a la legalidad, la institucionalidad y la colectividad. Porque, mejor antes que después, la cuestión de los mercados no sólo debe investigarse seriamente sino resolverse en favor de los productores y de los consumidores, los más perjudicados por un mercado que avanza a calles, avenidas, aceras, parques y jardines y que no tiene otro motivo que la especulación, el acaparamiento y otras figuras legales como la apropiación indebida de sitios públicos.
Ya era muy discutible el accionar de los concejales frente a los graves problemas de la ciudad y que siempre quedan fuera de toda consideración; pero ahora podemos estar seguros que no los mueve la inteligencia, el interés del municipio, el bien común y habría que preguntarles a quién o a qué responden todos, oficialisras y opositores porque, que sepamos, no hay excepciones en la claudicación o no se han hecho públicas.
Parece que seguimos bien inmersos en la politiquería; esa práctica vil del comercio de los intereses propios en detrimento de los colectivos; que no sólo es indignante sino que se convierte en un atentado a la democracia y da paso a acciones subversivas que hay que enfrentar con valentía y con la ley en la mano y no con el pánico y la falta de inteligencia como únicas armas.
Los concejales se han puesto voluntariamente en falta de respuesta a los intereses colectivos y hay que reclamarles que se definan: O ellos y sus dietas o la colectividad y sus intereses y requerimientos.
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