Es fácil e irresponsable, achacarle al gobierno cualquier cosa; al final, el oposicionismo es un deporte nacional que se practica desde hace siglos por una variedad de razones que en alguna oportunidad indicaremos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en varios municipios hay que enfrentarlo de acuerdo a la ley porque no hacerlo nos puede llevar a fomentar el caos.
Según las leyes actuales, las autoridades ediles son elegidas en elecciones y su destitución tiene varios caminos legales que las instituciones pueden usar cuando tienen argumentos; pero se está haciendo habitual que por encima de los resultados de las urnas, unas pocas personas se atribuyan la representación del pueblo, que tiene penas de cárcel en el Código Penal, y origine situaciones como las que estamos viendo con saldo de muertos y heridos. Los cuestionamientos que se hacen a las personas no sólo son pues ilegales sino también ilegítimas porque estos sujetos nunca han presentado oposición legal y puede que no cuenten con el respaldo de la comuna, es decir, de la gente. Lo que pasa es que parte de la politiquería se entromete siempre y nos da estos tristes resultados porque todavía hay intereses mezquinos que se anteponen a los de la colectividad.
Lo malo es que las autoridades judiciales respectivas pareciera que no existen y no intervienen como debieran exigiendo a los verdaderos responsables de esas muertes que acudan a la ley y no se alejen de ella. Sólo el respeto a la ley, por parte de gobernantes y gobernados, puede ser garantía de una democracia real y no sofística como sucede cuando se atribuyen la representación del pueblo, pequeños grupos de poder o de marginales que, para el caso, es lo mismo. Hasta ahora, algo le falta a la democracia: apego a la ley. Y no falla porque la ciudadanía incurre en falta sino porque las instituciones no cumplen sus funciones y atribuciones y, cuando se las toca, se desgarran las vestiduras y se echan con ceniza sin desvergonzada cara.
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