Desde hace algún tiempo, se ha confundido la inmunidad con la impunidad y muchos parlamentarios o politiqueros sin cargo, han acusado o se han ido de la lengua sin sufrir las consecuencias de su falsedad y, lógicamente, han agravado la situación de la "política" que no hace más que pasar de descrédito en descrédito.
Lo lógico es esperar de los "representantes nacionales", "legisladores" o "asambleístas" acudan a la verdad y la racionalidad en sus declaraciones y acciones; pero no es lo que sucede y eso de "un pajarito me ha dicho" es ya irresponsabilidad llevada al extremo. Y no es responsable porque si, efectivamente, se tratara de corrupción o inmoralidad, lo que hay que hacer es acudir a los tribunales respectivos y no quedarse en la denuncia demagógica; ésta debiera ser la norma de todo quien conoce de algo ilegal o inmoral.
Lo que pasa es que cuando se trata de poner remedio a la situación y apuntar a lo lógico, se denuncia "persecución política" que, en realidad, debiera ser así porque debe ser política del Estado perseguir la delincuencia venga de donde venga; pero se tiene como sofisma de ilegalidad o, cuando menos, de antipatía o amenaza; pero, como se ve, confunde más todavía la cuestión de la veracidad y la legalidad.
Todo el que acuse debe presentar las pruebas de lo acusado y no refugiarse en sofismas para difundir sus mentiras, con harto contento de algunos medios que hacen escándalo de cualquier cosa, también irresponsablemente y sujetos a sanción, por lo menos, moral de parte de los oyentes que, alguna vez, deben dejar de hacerse engañar por impertinentes o improvisados que hacen "periodismo".
Inmunidad es también ilegal cuando es un privilegio y los parlamentarios o legisladores no debieran tenerla y, muchos menos todavía, los politiqueros que no sólo son unos impostores sino también usurpadores del arte y la ciencia de gobernar.
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